La Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste (CEN) reclamó la intervención del Gobernador Alejandro García Padilla para ordenar que su administración atienda una querella radicada sobre un movimiento y extracción de terreno aprobado para esta reserva natural, incluyendo violaciones al permiso otorgado ilegalmente.

La querella fue radicada en noviembre de 2012, y 26 meses después, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) no ha ordenado acciones correctivas ni punitivas contra los infractores.

“Solicitamos la intervención directa del Gobernador en este asunto tras haber realizado múltiples gestiones infructuosas en OGPe y la Fortaleza durante el año pasado.  Es increíble tener que acudir directamente al Gobernador para que atienda esta situación en vista de otros problemas apremiantes que aquejan el país. Pero si no es así, tal parece que tendremos que acudir a los tribunales, lo que ya hemos advertido a varios funcionarios de estas dependencias gubernamentales”, denunció Angie Colón, Presidenta de la Coalición.

Esta indicó que en enero del año pasado, el Director Ejecutivo OGPe, el arquitecto Alberto Lastra, se comprometió públicamente a atender la querella tras denuncias hechas por la Coalición ante la prensa.  Posteriormente, funcionarios de OGPe acudieron al lugar, percatándose de una segunda violación relacionada al relleno de un humedal asociado a la Quebrada Aguas Prietas, la cual discurre por el Corredor, tras lo cual fue emitida una orden de cese y desista.  Sin embargo, al día de hoy, OGPe no ha emitido multas ni ordenado la restauración de los terrenos impactados por alguna de las dos violaciones.   “El informe de la visita realizada por los inspectores fue completado en abril de 2014, y desde entonces OGPE no ha tomado acción alguna, al menos hasta diciembre pasado”, señaló Colón.

El permiso, emitido el 31 de julio de 2012, autorizó, a modo de una cantera, la extracción de 1,500 metros cúbicos de terreno en la Reserva Natural del CEN (ver foto adjunta).  El mismo fue otorgado a Colonial Parking, Inc., cuyo presidente, Miguel A. Cabral Veras, fue uno de los empresarios implicados en el esquema de donaciones tras el cual fue convicto por las autoridades federales el ex senador Jorge De Castro Font.

Luis Jorge Rivera Herrera, planificador y científico ambiental de Iniciativa para un Desarrollo Sustentable (IDS) y quien fue el querellante de la Coalición, explicó por su parte que “OGPe otorgó ilegalmente el permiso ya que para ese entonces estaba vigente la Ley de la Reserva Natural del CEN (Ley Núm. 126 de 25 de junio de 2012) la cual establecía como política pública la preservación, conservación y restauración de toda esta área.  A su vez, parte de los terrenos objeto del permiso habían sido calificados como un distrito de preservación de recursos, por lo que OGPe también violentó los usos autorizados mediante reglamento por la Junta de Planificación.”

Este añadió que “OGPe actúo también de forma irresponsable, puesto que eximió a los solicitantes del permiso de realizar algún tipo de análisis de impacto ambiental, según exige la Ley de Política Pública Ambiental de Puerto Rico, lo que era necesario por tratarse de un área natural sensitiva como el CEN.”