De izquierda a derecha: Luis Garden, presidente de la Organización El Puente; gobernador Alejandro García Padilla; Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan; Carmen Guerrero, secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Judith Enck, administradora de la Región II de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) (suministrada)

El gobernador Alejandro García Padilla en días recientes cinco órdenes ejecutivas para comenzar a ejecutar su política ambiental, comenzando con una directriz para que el tan esperado Plan de Uso de Terrenos, que permitirá establecer los parámetros para lograr el desarrollo económico del país de forma coherente con la protección del ambiente, esté listo para principios del 2014.

“Quizás a algunos, apremiados por la magnitud de la tarea, podrá parecerles que las consideraciones sobre el ambiente son un objetivo secundario, que se pueden posponer. Nada de eso. No se puede posponer el cuido a nuestros recursos; no se puede dejar para mañana la acción sobre nuestras costas; no se puede programar para cuando las cosas mejoren la designación de reservas para nuestra flora y fauna; no se puede dejar para cuando haya tiempo cuidar de lo que se nos dio en gracia como nuestro hogar en La Tierra”, indicó el mandatario durante su mensaje en la Sesión Inaugural del encuentro Enlace Latino de Acción Climática.

Por eso se instruye a la Junta de Planificación que culmine el proceso para la adopción final del Plan de Uso de Terrenos, actualizándolo a la realidad presente, mediante un enfoque de adaptación a los efectos previsibles del cambio climático.

La adopción de ese mapa de ruta será el instrumento principal en la planificación del país, de manera que propicie el desarrollo sustentable de nuestro país y el aprovechamiento óptimo de los terrenos, basado en un enfoque integral, en la justicia social y en la más amplia participación de todos los sectores de la sociedad. Asimismo, se crea el Consejo de Acción para la Sustentabilidad con el fin de recibir recomendaciones técnicas, ambientales, sociales, legales y económicos, de distintos expertos en el tema, sobre el diseño de la política pública del medio ambiente dentro de un clima de consenso y amplia participación.

“Con esta Orden Ejecutiva se afirma de manera indudable que los insumos y asesoría provenientes de los sectores científicos, comunitarios, ambientales, académicos, entre otros, beneficiarán la toma de decisiones y la elaboración e implantación de la política pública ambiental por parte del Ejecutivo y sus instrumentalidades. Esta participación impulsará un debate amplio e informado sobre el ambiente, del cual surgirán las propuestas que abonen a cambios normativos y a la buena gobernanza que aspiramos como sociedad”, dijo el ejecutivo durante la actividad celebrada en el Centro para Puerto Rico en Río Piedras.

Además, se dispone el desarrollo de un estudio sobre la vulnerabilidad de la infraestructura pública ante los cambios climáticos y la adopción de planes de adaptación para hacer frente a los hallazgos del estudio.

Un informe recién concluido denominado: El Estado del Clima de Puerto Rico: Evaluación de Vulnerabilidades Socio-ecológicas en un Clima Cambiante 2010-2013, suscrito por el Departamento de Recursos Naturales, identifica una serie indicadores de vulnerabilidad de la infraestructura pública ante fenómenos como el incremento del nivel del mar y la exposición a inundaciones, entre otros impactos generados por el cambio climático.

“Ese informe será divulgado de inmediato a la academia y a los diferentes gremios, asociaciones y colegios profesionales para que éstos lo evalúen y remitan en seis meses a lo sumo, sus recomendaciones. El informe con las recomendaciones integradas será la base para que las agencias públicas elaboren y pongan en acción los Planes de Adaptación en un período no mayor de 18 meses de recibido el informe”, anticipó el gobernador.

García Padilla anunció también una orden que comanda un estudio para determinar las medidas y estrategias necesarias para lograr que Puerto Rico se acerque a la neutralidad en las emisiones de carbono en un periodo de tiempo razonable. El responsable de desarrollar la política pública conducente a alcanzar la meta de neutralidad carbono, será la Administración de Asuntos Energéticos (AAS), en coordinación con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Junta de Calidad Ambiental (JCA).

“La disminución de la huella de carbono en Puerto Rico se emprende con mayor fuerza y sistematicidad desde hoy. Vamos a estar a la vanguardia en el tema de la reducción de emisión de gases con efecto de invernadero y de la ampliación en la capacidad de absorción de nuestro capital natural”, sentenció García Padilla al apuntar que, además, establecerá una nueva Política Energética Nacional cuyo objetivo final será lograr la autonomía energética de Puerto Rico.

“Una mayor independencia del petróleo y el uso cada vez mayor de energías renovables tendrá un impacto decisivo en la reducción de emisiones y por ende en la reducción de la huella de carbono”, señaló el ejecutivo.

Finalmente, García Padilla ordenó el establecimiento de un Deslinde Nacional de la Zona Marítimo Terrestre para proteger nuestras costas de los efectos que los cambios en el clima provocarán en los próximos años. Una vez hecho el deslinde se ratificará por ley la delimitación de la zona marítimo terrestre cuya métrica objetiva será, 50 metros a partir de los criterios científicos del flujo y reflujo de las olas y las realidades geográficas de la zona. Esta es una medida de consenso discutida con ambientalistas y desarrolladores durante la presentación del gobernador ante Agenda Ciudadana.

“En los últimos treinta años, el litoral costero de Puerto Rico ha experimentado cambios cada vez más acelerados debido a la presión del desarrollo urbano. Esta Administración reconoce el hecho de la proliferación de usos conflictivos en muchos sectores costeros a lo largo de nuestros 1,286 kilómetros de costas y otros lugares inundables y es consciente esta Administración de la amenaza de los sistemas naturales costeros, del incremento en los riesgos a la seguridad pública, la vulnerabilidad de la infraestructura pública y de la propiedad privada por diversos factores, incluyendo aumentos en niveles oceánicos asociados al cambio climático”, expresó el gobernador.

El deslinde nacional se completará en un término no mayor de nueve meses desde la promulgación de esta Orden.

El gobernador adelantó que próximamente presentará legislación para restituir la reserva de las 3,057 cuerdas del Corredor Ecológico del Noreste como fue su compromiso en su presentación del plan ambiental ante Agenda Ciudadana en octubre de 2012.