La Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste (CEN) hizo un llamado a la Junta de Planificación de Puerto Rico (JP) a que cumpla con su Ley Orgánica luego de que la agencia incumpliera con sus deberes ministeriales en cuanto a la participación ciudadana durante de la celebración de la vista pública sobre el nuevo plan y reglamento especial de usos de terrenos propuesto para esta zona y terrenos adyacentes en la falda de El Yunque, celebrada el pasado sábado, 5 de febrero.
La Ley Orgánica de la Junta de Planificación declara como política pública oficial el “fomentar la participación de la ciudadanía en el proceso de planificación de Puerto Rico”. A su vez, establece que la agencia debe ofrecer “el máximo de participación posible a la ciudadanía en el proceso de planificación”.
«Más de 500 ciudadanos presenciamos como funcionarios de la Junta parecían haber olvidado su deber en cuanto a la participación ciudadana durante la vista pública. Para nuestra sorpresa, la vista fue declarada abruptamente como concluida cuando todavía habían más de 15 personas en lista esperando por deponer, incluyendo varias tropas de Niñas Escuchas que estuvieron todo el día haciendo turno. Estas personas ejercieron su deber ciudadano de ser parte de los procesos públicos y participativos de nuestra democracia, pero la Junta les coartó su derecho a expresarse y ser escuchados», señaló Carmen R. Guerrero Pérez, planificadora ambiental y especialista en turismo sostenible de la Coalición.
La Ley Orgánica de la JP establece también que la agencia «proveerá a la ciudadanía de toda aquella información necesaria que coloque a todo ciudadano en una posición de igualdad para su participación efectiva en los procesos de planificación”.
«Durante la vista, varios residentes de Luquillo expresamos que el plan de usos de terrenos propuesto no estuvo disponible para revisión en la Alcaldía del municipio, tal como lo requiere la Ley. En vez de atender nuestros reclamos, los oficiales de la Junta optaron por hacer caso omiso a nuestros planteamientos y despacharlos rápidamente con un no ha lugar, sin dar una sola razón para ello», denunció por su parte Ángel Berrios, cuyo hogar colinda con el Corredor en el Barrio Juan Martín de Luquillo, y quién también es miembro de la Coalición.
«Esta vista pública se celebró en claro incumplimiento y menosprecio de la Ley Orgánica de la Junta de Planificación. Por esta razón, exigimos que la Junta cumpla con su deber ministerial y vuelva a convocar a vistas públicas para que permita el máximo de participación posible de forma efectiva e informada. De no hacerlo, esto se convertiría en otro caso más donde la actual administración atenta contra nuestra democracia y los procesos públicos y participativos de los cuales ésta depende», indicó Luis Jorge Rivera Herrera, planificador y científico ambiental de Iniciativa para un Desarrollo Sustentable (IDS).
La Coalición indicó que estará sometiendo una moción ante la JP con la lista de personas que se quedaron sin deponer, solicitando como consecuencia que se celebre una segunda vista pública para que la agencia permita la participación de todo aquel interesado de forma efectiva e informada.
Durante la vista pública, no se presentó ni una sola ponencia a favor del plan y reglamento especial de usos de terrenos propuesto por la administración Fortuño para el CEN y terrenos en la falda de El Yunque, incluyendo el rechazo del Servicio Forestal Federal, el representante del Partido Nuevo Progresista, Johnny Méndez, y el representante del Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos. Ninguna agencia local se dio cita a la vista.
El Corredor es considerado una de las áreas de mayor valor natural en Puerto Rico. Su designación como reserva natural y desarrollo turístico se logró en el año 2007, tras un intenso esfuerzo tripartita apoyado por agencias como el Servicio Forestal Federal, el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, y numerosas entidades profesionales, grupos comunitarios y organizaciones conservacionistas locales e internacionales. El Gobernador Luis Fortuño eliminó su designación como Reserva Natural en octubre de 2009, convirtiéndose en el primer gobernador de la historia de Puerto Rico en eliminar la designación de un área natural protegida en su totalidad.