Por Marielisa Ortiz Berríos
Redacción Atabey
El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) de Puerto Rico recibirá $1.2 millones en fondos federales para promover los empleos verdes en la Isla.
El pasado 15 de agosto Puerto Rico sometió una propuesta de solicitud de subvención para apoyar el análisis de información laboral y evaluar la actividad económica en industrias de eficiencia energética renovable e identificar las ocupaciones y requerimientos de destrezas dentro de estas industrias, informó CyberNews a través de la página electrónica de El Nuevo Día.
De un total de 24 estados, Puerto Rico ocupó la posición número nueve en términos de la cantidad otorgada.
Un empleo verde es aquél que contribuye a impulsar el desarrollo sostenible de un País. Algunas de las carreras verdes están relacionadas con la energía renovable, planificación, turismo ecológico, educación ambiental, transporte público, agricultura ecológica, infraestructura verde, construcción sostenible y tecnología verde.
Según define la enciclopedia libre, Wikipedia, al empleado en dicha industria también se le llama «trabajador de cuello verde», por la traducción literal del inglés «green-collar worker». Los trabajadores verdes satisfacen la demanda de desarrollo sostenible.
“Nos sentimos complacidos que Puerto Rico haya sido seleccionado para esta propuesta. Realmente, esto es una oportunidad única para que en la Isla se creen las condiciones climáticas necesarias para la creación de empleos que vayan a la vanguardia con las exigencias que nuestro entorno laboral, social y económico nos requieren. Además, es una ayuda adicional para que la fuerza trabajadora utilice esta información como base y se puedan así edificar estrategias efectivas en el desarrollo de nuestra clase trabajadora”, afirmó el titular del Trabajo, Miguel Romero.
La industria verde cobra notoriedad hoy día ante los problemas globales ambientales que afectan directamente la integridad de la naturaleza y la salud de las personas. Resulta imperativo que las acciones colectivas e individuales estén encaminadas a la implantación de las políticas y conductas éticas amigables con el medio ambiente.
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