El problema de erosión costera que afecta a comunidades de varios municipios no debe atajarse con soluciones temporales que en el pasado demostraron ser inefectivas. Los estudios científicos que encamina el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) pueden arrojar información pertinente para la búsqueda de alternativas viables, declaró la secretaria Carmen R. Guerrero Pérez.
Guerrero Pérez expresó que muchas veces, por desconocimiento, se solicita que el DRNA recomiende o apruebe la instalación de gaviones o piedras en lugares afectados por la erosión costera, pero es preciso reconocer que el problema requiere un verdadero análisis del comportamiento de las playas y que las soluciones se elaboren desde una base multiagencial, que incluya a los municipios costeros y a las comunidades.
La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Carmen Guerrero Pérez, explica a residentes de Loíza que las soluciones al problema de erosión costera que enfrentan deben trabajarse desde una base multiagencial, que incluya a los municipios costeros y a las comunidades. (fotos suministradas por el DRNA)
El DRNA identificó la existencia de, al menos, 33 puntos de playa que tienen mayor riesgo por erosión concentrados principalmente en la parte norte y este de Puerto Rico, un problema que no es exclusivo de Puerto Rico sino que se experimenta a nivel internacional en todos los sitios costeros que enfrentan el aumento en el nivel de mar asociado a los cambios climáticos.
“En la agencia hemos encaminado varios estudios que nos permitan tener una mejor comprensión de ese comportamiento costero, se han sostenido múltiples reuniones con sectores afectados para ofrecer orientación y además se ha convocado al Primer Encuentro de Municipios Costeros este 26 de marzo para, juntos, analizar soluciones efectivas ante el reto que representa la erosión”, expresó la planificadora.
La funcionaria precisó que el DRNA, en coordinación con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) y científicos del Recinto de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) estudian actualmente el comportamiento de los sedimentos en todo el litoral costero que va desde Loíza hasta ensenada Boca Vieja, en Toa Baja, y otro segmento en Rincón. El objetivo es identificar las posibles fuentes de sedimentos o arena para que prospectivamente el componente multiagencial y los municipios puedan emprender posibles proyectos de nutrición de playas que ayuden a reducir la pérdida de ese recurso ante la erosión.
Afirmó que los 44 municipios deben comenzar a atender el problema de la erosión como una de las prioridades presupuestarias y encaminar la elaboración de propuestas que les permitan acceder a fondos adicionales para enfrentarlo.
Igualmente, el DRNA sometió una propuesta al USACE para que se incluya a Puerto Rico en la programación presupuestaria del año fiscal federal 2015 para sufragar un estudio de evaluación de erosión de las costas y playas alrededor de toda la isla. El estudio tendría un costo de $2.1 millones por tres años y podría beneficiar a las áreas más vulnerables de los 44 municipios costeros de Puerto Rico y permitir el desarrollo de proyectos que proveerían activos y aportarían a la infraestructura crítica mediante inversiones de entre $9 y $12 billones. Algunos de esos proyectos incluyen la nutrición de playas con arena que se han erosionado y la disipación de energía de oleaje con arrecifes artificiales emulando lo que hacen los naturales, entre otros.
Dijo que el DRNA, conjuntamente con el RUM y la Caribbean Coastal and Observation System, completó el desarrollo de mapas de inundaciones costeras que también ofrecen información valiosa
“No se debe perder de perspectiva que cada playa tiene un comportamiento único. Así que las soluciones para lugares específicos como parcelas Suárez, en Loíza, o las comunidades de Rincón, requieren estudios de hidrodinámica y oceanografía, que permitan que por el período de un año se pueda estudiar el comportamiento específico de esa zona”, detalló Guerrero Pérez.
Afirmó que una vez se tienen esos estudios, se pueden proponer proyectos que integren diversas alternativas y se pueden encaminar el diseño, permisos y construcción. Se estima que los estudios de hidrodinámica y oceanografía pueden tener un costo de entre $100 mil a $200 mil.
“En el DRNA sabemos la urgencia que tienen las comunidades de que se atienda el problema, pero requiere que se propongan soluciones con una mirada fundamentada en el saber científico y con un componente multiagencial que tome en cuenta a las comunidades y los municipios”, recalcó.
Mencionó que en el pasado se han instalado gaviones que se destruyen en poco tiempo y a nivel internacional está comprobado que no son equipos efectivos en el ámbito marino. Años atrás el DRNA, bajo situaciones de emergencia y ante la ausencia de información que permitiera evaluar las alternativas más viables, instaló rocas para salvaguardar estructuras comunitarias, pero han comenzado a desplazarse.
Afirmó que los 44 municipios deben comenzar a atender el problema de la erosión como una de las prioridades presupuestarias y encaminar la elaboración de propuestas que les permitan acceder a fondos adicionales para enfrentarlo.
La Ley número 23 de 1972 (Ley orgánica del DRNA) faculta a administrar los bienes de dominio público marítimo terrestre, pero establece en su artículo 6c que su deber es la vigilancia, conservación, limpieza de playas, deslinde y saneamiento de la zona marítimo terrestre. Resguardar vida y propiedad ante eventos naturales es una acción que deben velar conjuntamente los municipios, agencias estatales y las propias comunidades, sostuvo Guerrero Pérez.
Durante una situación de emergencia para la cual se requiera acción rápida e inmediata para impedir o eliminar cualquier amenaza seria e inmediata a la salud, seguridad, vida, propiedad o medio ambiente natural, el Departamento podrá aprobar cualquier obra, reconstrucción o reparación, o parte de esta.
La solicitud se presenta ante el DRNA y posteriormente, ante el USACE.
No obstante, la emergencia debe ser certificada por la Agencia de Manejo de Emergencias Estatal o Municipal o el propio DRNA.
Además de la certificación de emergencia, la solicitud debe venir acompañada de:
1. Una descripción de la obra propuesta para atender la emergencia.
2. Descripción del ámbito de los trabajos, materiales y equipo.
3. Plano de construcción con dimensiones específicas o croquis detallado.
