La Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR) expresó su apoyo a la aprobación del Proyecto del Senado 2282 (P. del S. 2282), sumándose así al creciente número de agencias federales y organizaciones religiosas, comunitarias y académicas a favor de la protección del Corredor Ecológico del Noreste (CEN).

El proyecto de ley, el cual se encuentra ante la consideración de la Comisión de Urbanismo e Infraestructura y la Comisión Recursos Naturales y Ambientales del Senado, presididas por los senadores Larry Seilhamer y Luz María «Mariíta» Santiago, designaría como reserva natural todos los terrenos públicos en el CEN, los cuales equivalen a dos terceras partes de toda esta área.

“Entendemos que la calidad del medio ambiente y contar con una excelente infraestructura verde son factores cada vez más importantes en definir la capacidad competitiva de economías como la nuestra. El CEN es de particular importancia para el desarrollo sostenible de Puerto Rico, por lo que debe restituirse su designación como reserva natural, en su totalidad”, señaló el economista José J. Villamil,como presidente de la AEPR.

En sus comentarios sometidos al Senado, la organización profesional indicó a su vez que “[N]o vemos ninguna razón para reducir el ámbito de los terrenos que merecen protección en el Corredor. En la actualidad no hay la necesidad de construcción de viviendas de lujo en el CEN y sus alrededores pues al momento existe un inventario muy grande de unidades sin vender. De hecho, hay varios proyectos en la zona que por falta de mercado, su construcción ha sido paralizada”.

El reconocido economista añadió que “[L]a Reserva Natural del CEN establecida en el 2008, y el Plan Integral de Usos de Terrenos y Manejo presentado en vistas públicas en agosto de ese mismo año con el endoso de agencias federales, estatales y múltiples entidades de la sociedad civil, permitía llevar a cabo determinadas actividades económicas de carácter sostenible compatibles con los fines de esa área natural protegida en esa fecha. Basta con examinar la experiencia de lugares como Costa Rica para darse cuenta que la designación como reserva natural puede ser un atractivo extraordinario para el fomento del turismo”.

A parte de la AEPR, el P. del S. 2282 ha sido endosado también por el U.S. Green Building Council-Capítulo del Caribe, el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, el Sierra Club-Capítulo de Puerto Rico, el Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable del Sistema Universitario Ana G. Méndez, la Diócesis de Fajardo-Humacao de la Iglesia Católica, y la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, entre otras organizaciones.

Mientras la medida espera la aprobación del Senado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se encuentra evaluando una moción presentada por miembros de la Coalición Pro CEN para que restituya una moratoria en permisos de construcción en terrenos del Corredor. Ésta fue dejada sin efecto en enero pasado por la mayoría de los jueces de dicho foro judicial, tras una petición hecha por el Departamento de Justicia.

La moratoria había sido emitida por el Tribunal Apelativo para evitar que se convierta en académica la demanda presentada por miembros de la Coalición, en la que impugnan un nuevo plan de usos de terrenos aprobado por la administración Fortuño bajo el nombre de la Gran Reserva del Noreste. Este plan permitiría la urbanización de terrenos en el Corredor previamente protegidos como reserva natural y otros en la falda de El Yunque, y que incluyen aquéllos donde han sido propuestos parcial o totalmente varios proyectos residenciales-turísticos, tales como el San Miguel Resort, el Dos Mares Resort, Paradise Found Villas y hasta un centro comercial, entre otros.