Ofensiva ciudadana por el Corredor Ecológico del Noreste

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Coalición intensifica sus esfuerzos en la legislatura, agencias y tribunales

Individuos y ciudadanos pertenecientes a la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste (CEN) anunciaron una serie de iniciativas en varios foros gubernamentales, redoblando sus esfuerzos para proteger esta importante área natural. Las acciones surgen tras la determinación del Tribunal Supremo, solicitada por la administración Fortuño, de revocar una moratoria en permisos de construcción en el Corredor en lo que el Tribunal Apelativo decide sobre una demanda para invalidar un nuevo plan de usos de terrenos que permitiría la urbanización del CEN.

“Debido a la decisión preliminar del Tribunal Supremo, es necesario que el senador Larry Seilhamer, presidente de la Comisión de Urbanismo e Infraestructura, cite de inmediato al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y al Presidente de la Junta de Planificación (JP) a deponer sobre el proyecto de ley del Corredor. Han pasado cerca de cuatro meses desde que empezaron las vistas y todavía estos funcionarios no han asistido a las mismas, y esto es basicamente lo único que falta para que la medida pueda ser llevada a votación”, señaló Angel Berríos, portavoz de la Coalición y líder de la Comunidad Juan Martín en Luquillo.

El Proyecto del Senado 2282 establecería como política pública la preservación, conservación y restauración del CEN junto a la designación de todos sus terrenos públicos como reserva natural. La medida ha sido endosada por el U.S. Green Building Council-Capítulo de Puerto Rico, el Fideicomiso de Conservación, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, el Sierra Club-Capítulo de Puerto Rico, el Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable del Sistema Universitario Ana G. Méndez, y la Diócesis de Fajardo-Humacao de la Iglesia Católica, entre otras organizaciones.

Carmen Guerrero Pérez, planificadora ambiental y miembro de la Coalición, cuestionó la razones por las cuales el gobierno insiste en que se elimine la moratoria de permisos en el Corredor, cuando supuestamente y según declaraciones del Presidente de la JP, Rubén Flores Marzán, no existen proyectos propuestos en el CEN.

“No confiamos en las expresiones del Presidente de la JP, sobre todo cuando no existe forma de confirmar esa información a través de la página de internet de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP) debido a los cambios que hicieron por la nueva ley de permisos. No se puede hacer una búsqueda por municipio, tampoco se indica el tipo de permiso solicitado, ni una descripción de los proyectos, en fin, no existe transparencia” señaló Guerrero Pérez.  Esta indicó que la Coalición, por lo tanto, estará solicitando a ambas agencias a que hagan público y de forma oficial cualquier solicitud y el estatus de permisos para proyectos propuestos en el CEN.

Por otro lado, la Coalición informó que en las próximas semanas estarán solicitando al Tribunal Supremo a que reconsidere su decisión sobre derogar la moratoria, no solo por los efectos que tendría sobre el área y la demanda que han radicado para protegerla, sino también por la integridad y confianza en el sistema de justicia de Puerto Rico.

Camilla Feibelman, coordinadora del Sierra Club, explicó que la eliminación de la moratoria es como si un tribunal le negara una orden de protección a una víctima de violencia doméstica mientras espera a que el foro judicial decida sobre una demanda de divorcio. “En nuestro caso, la decisión del Tribunal Supremo implicaría que el gobierno puede destruir el Corredor otorgando permisos de construcción aún mientras el Tribunal Apelativo esta atendiendo la demanda radicada por la Coalición para proteger esta área.