Corredor Ecológico del Noreste (foto por Marielisa Ortiz Berríos)
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Por Marielisa Ortiz Berríos
Revista Atabey
El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspendió los efectos de la resolución del Tribunal de Apelaciones dictada el pasado 16 de diciembre de 2011, la cual ordenaba la paralización de permisos en el Corredor Ecológico del Noreste (CEN). La resolución dictada el 19 de enero indica además que se «ordena a la parte recurrida», la Iniciativa para un Desarrollo Sustentable (IDS) y otros, «a no más tarde de los treinta días siguientes a la fecha de la notificación de esta resolución, muestre causa por la que no debamos expedir el auto de certiorari y revocar la mencionada resolución del foro apelativo intermedio». El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una decisión de un tribunal inferior. La resolución está firmada por Aida Ileana Oquendo Graulau, secretaria del Tribunal Supremo.
«¿Para quién está gobernando Luis Fortuño? ¿A los intereses de quien está actuando el Tribunal Supremo? Por un lado las agencias dicen que no hay premisos ni proyectos pendientes para el Corredor y que van a cumplir con la decisión del tribunal. Por otro lado, apelan la decisión del tribunal que paralizó la otorgación de premios mientras los jueces deciden sobre la legalidad de la remoción de la reserva natural en el Corredor por el Gobernador. El Corredor es la costa de El Yunque, el hogar de los tinglares, y representa una oportunidad de desarrollo eco-turístico incomparable que puede beneficiar a las comunidades locales, pero en todo momento el gobierno obstaculiza nuestros esfuerzos [de] hacer algo para el bien de todos. Estamos sumamente decepcionados», dijo Camilla Feibelman, organizadora comunitaria del Sierra Club en Puerto Rico y quien ha liderado esta lucha junto con otras organizaciones ambientales e individuos.
Por su parte, el científico ambiental, Luis Jorge Rivera Herrera, del IDS, expresó que «al permitir la aprobación de permisos de construcción en el Corredor mientras nuestra demanda está siendo considerada en sus méritos en el Apelativo, la mayoría de los jueces del Supremo la están convirtiendo en académica. Ante esto cabe preguntarse de qué sirve ir entonces por los canales oficiales a los tribunales en búsqueda de justicia de forma pacífica, si ni los mismos jueces nos niegan ese derecho. Es por eso que esta determinación preliminar debe entenderse como una grave, no sólo por lo que significa para el Corredor, sino para la resolución de cualquier conflicto en Puerto Rico”.
Entretanto, Angie Colón, presidenta de la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste mencionó que “confiamos que cuando sometamos nuestro escrito en los próximos 30 días al Tribunal Supremo, los jueces reconsideren su decisión y restablezcan la paralización de permisos, ya que de lo contrario estarían enviando un mensaje a todo el pueblo de que la justicia hay que decidirla de otra forma y en otro lugar que no son los tribunales».
La Revista Atabey intentó comunicarse con las oficinas de prensa del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y Junta de Planificación, pero los intentos fueron infructuosos.
