"Nuestros niños no pueden seguir atravesando aguas usadas para ir a la escuela. Hay que buscar la forma de financiar nuestro proyecto de forma más agresiva y contundente", dijo Lucy Cruz, presidenta del G-8. (fotos suministradas por ENLACE)

Anuncian apoyo interagencial para alivio de inundaciones a corto plazo

Desde una de las calles que se inunda frecuentemente con aguas usadas, un grupo de residentes de las comunidades del Caño exigió que se asignen fondos para viabilizar el dragado y que el asunto se trate como una emergencia.

“En los últimos ocho años, nuestro gobierno ha hecho emisiones de bonos por $2,800 millones para el Fondo de Mejoras Públicas, de los cuales solamente $25.4M han ido al Proyecto ENLACE. Si en los próximos ocho a diez años dedicamos $580M, resolvemos el problema del Caño”, señaló Lucy Cruz Rivera, presidenta del G-8, Inc. “La situación de nuestras comunidades debe ser tratada como una emergencia ambiental y de salud pública. Nuestros niños no pueden seguir atravesando aguas usadas para ir a la escuela. Hay que buscar la forma de financiar nuestro proyecto de forma más agresiva y contundente.”

Durante décadas, se ha incluido el dragado como parte de varios programas de gobierno. A pesar de los avances, se requiere una inversión adicional de aproximadamente $220M para el realojo de familias, $210M para infraestructura regional y local, incluyendo alcantarillado sanitario, y $150M para el dragado.

“Esta inversión es crucial para la salud y seguridad de 25,000 puertorriqueños. Pero debe hacerse en función del plan desarrollo integral de nuestras comunidades, elaborado por nosotros, y con nuestras instituciones: ENLACE, G-8 y el Fideicomiso. Lo contrario, en lugar de justicia social y ambiental, sería desplazamiento y pobreza”, sentenció Cruz.

“Nosotros estamos haciendo nuestra parte. Nos quitaron las tierras que garantizan la permanencia de nuestros barrios, encareciendo el proyecto. No nos arrebaten la salud”, sentenció Cruz Rivera. “Necesitamos compromisos a largo plazo. Al final, el beneficio es para todos”.

A corto plazo

“En mi calle, nos organizamos para limpiar las alcantarillas con palas. Sabemos que estamos sacando basura y excremento, pero preferimos hacer algo a esperar al siguiente aguacero y que todo eso entre a nuestras casas”, señaló Angel Figueroa, residente de Barrio Obrero Marina.

Preocupados por el rápido deterioro del Caño y el aumento en la frecuencia y zonas impactadas por las inundaciones, el G-8 convocó a las agencias para que hicieran un plan de corto plazo de limpieza de alcantarillas pluviales. En dos días, lograron reunir a los departamentos de Salud y Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Junta de Calidad Ambiental y la Agencia de Protección Ambiental de los EEUU hacia un plan urgente de limpieza de alcantarillas, y esperan que otras se unan esta semana.

“Aunque sólo el dragado resolverá el problema, la limpieza recurrente de las alcantarillas pluviales aliviará la situación. Nos alegra que las agencias hayan reaccionado, y esperamos que pongan sus recursos en acción de inmediato para evitar que la gente se exponga mas a los contaminantes tratando de limpiar manualmente”, manifestó Cruz.

Las alcantarillas pluviales se sedimentan por la carencia de alcantarillado sanitario. Además, descargan al Caño que está tapado, por lo que revierten las aguas usadas a casas y calles.

Para lograr el dragado, quedan por realojar más de 500 familias y hay que proveer alcantarillado sanitario a comunidades como Buena Vista Santurce, además de relocalizar infraestructura regional. Ha habido logros importantes. ENLACE, la Corporación para el Desarrollo de Viviendas de las Barriadas Israel y Bitumul y el Proyecto Península de Cantera, entre otros, han estado realojando familias. Además, ENLACE, la Autoridad de Carreteras y Transportación y el Proyecto Península de Cantera han estado trabajando en la instalación de alcantarillado sanitario.  Carreteras reemplazó el puente de la Avenida Barbosa.

Actualmente, ENLACE desarrolla la declaración de impacto ambiental y estudio de viabilidad para el dragado en estrecha coordinación con el Programa del Estuario de la Bahía de San Juan, el Cuerpo de Ingenieros, agencias federales y locales.

Sobre el G-8, Inc

El G-8, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne al liderato de las 12 organizaciones de base comunitaria que representan a los residentes de las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña. Éstas son Israel-Bitumul, Parada 27, Las Monjas, Barrio Obrero San Ciprián y Oeste, Barrio Obrero Marina, Península de Cantera, Buena Vista Santurce y Buena Vista Hato Rey. Persigue la rehabilitación en sitio de estas comunidades, evitar su desplazamiento mediante el Fideicomiso de la Tierra y garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Sobre el Proyecto ENLACE

El Proyecto ENLACE une esfuerzos de la comunidad, el sector privado y el gobierno para mejorar la calidad de vida de 25,000 habitantes de las comunidades aledañas al Caño, y rehabilitar este cuerpo de agua. El Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña incluye las comunidades de Israel-Bitumul, Parada 27, Las Monjas, Barrio Obrero, Barrio Obrero Marina, Buena Vista Santurce y Buena Vista Hato Rey. ENLACE recibió el premio Paul Davidoff para Cambios Sociales y Diversidad de 2008, otorgado por la Asociación Americana de Planificación, y el Premio Nacional de Logros en Justicia Ambiental de 2010, otorgado también al G-8 y al Fideicomiso de la Tierra por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, entre otros reconocimientos.

Sobre el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña

El Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña se creó como parte de la Ley 489 de 24 de septiembre de 2004, aprobada por unanimidad. Fue constituido con las tierras de tenencia pública que había en el Distrito, que han sido el hogar de miles de ciudadanos por generaciones. Unas 200 cuerdas de terreno pasaron a ser propiedad de la comunidad mediante el Fideicomiso, diseñado para operar de forma similar a un condominio. Sus objetivos son: (1) evitar el desplazamiento de la comunidad y resolver el histórico problema de tenencia de la tierra mediante un derecho de superficie que puede hipotecarse, heredarse y venderse; (2) superar la pobreza (recoge los beneficios del  aumento en valor de las tierras que será producto de la inversión pública en el sector incluyendo la rehabilitación del Caño Martín Peña, para reinvertirlos en la comunidad), (3) garantizar la disponibilidad de vivienda asequible, y (4) hacer viable la implantación del Plan de Desarrollo Integral, contribuyendo a una mejor ciudad.  Mediante la Ley 32 de 23 de junio de 2009, según enmendada, le quitaron las tierras de la comunidad al Fideicomiso para devolverlas a las agencias, lo que encarece y retrasa los trabajos del dragado, y hace a la comunidad vulnerable al desplazamiento.

Descargas de aguas usadas al Caño Martín Peña.