Más de medio centenar de expertos en oceanografía, ecología, geología y planificación, entre otras disciplinas de las ciencias naturales y sociales, firmaron una carta dirigida al Gobernador Alejandro García Padilla, solicitando rechace el Proyecto del Senado Núm. 1621. Esta medida, aprobada por ambos cuerpos legislativos a minutos de terminar la última sesión de este cuatrienio, pretende permitir la permanencia de casas de veraneo construidas ilegalmente en terrenos de dominio público a la orilla de la Parguera, en Lajas.
En la carta dirigida al Primer Ejecutivo, los científicos exponen que “el proyecto establece precedentes que no están sustentados por la ciencia y la realidad del cambio climático». Añaden que “el proyecto, como redactado, no atiende la realidad de los efectos del cambio climático entre los que podemos resaltar el alza en nivel del mar y el aumento en intensidad de eventos atmosféricos. Las estructuras están en plena zona marítima terrestre y la mayor parte ya dentro del agua, por lo que los impactos antes mencionados ponen en riesgo la salud y la propiedad que se propone atender.”
En la carta dirigida al Primer Ejecutivo, los científicos exponen que “el proyecto establece precedentes que no están sustentados por la ciencia y la realidad del cambio climático». (foto por Ricardo Mangual, Creative Commons Flickr – https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
En consecuencia, estos recomiendan al Gobernador a “no aprobar el P.S. 1621, ya que el mismo establece un precedente negativo privatizando bienes de dominio público exclusivamente en el sector de La Parguera, teniendo repercusiones lo que aquí se apruebe en las demás estructuras ubicadas en la zona marítimo terrestre en todo Puerto Rico”. Debido a tal situación, los estudiosos solicitan al Gobernador a “que proteja y defienda nuestros bienes de dominio público de la entrega y privatización de los mismos, dando así un paso certero hacia atender la realidad cambiante de Puerto Rico y encaminándonos hacia una mayor resiliencia como pueblo.”
Entre los científicos cuyas firmas endosan la petición dirigida al Gobernador se destacan el Geólogo Pedro Gelabert, quien ocupó el cargo de Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), presidente de la Junta de Calidad Ambiental, y director de la Oficina del Caribe de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).
A este se suman el ex miembro de la junta de gobierno de la Junta de Planificación, el Plan. Félix Aponte Ortiz, el Dr. Javier Laureano, director ejecutivo del Programa del Estuario de la Bahía de San Juan, el Dr. Ernesto Otero, Director del Departamento de Ciencias Marinas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Mayagüez, la Dra. Alida Ortiz, primera mujer con el grado de biología marina en Puerto Rico, y la Dra Maritza Barreto, geógrafa física a cargo de la Red de Playas de Puerto Rico y el Caribe de la Universidad de Puerto Rico. Incluyen, además, a los climatólogos, Dra. Olga L. Mayol, del Departamento de Ciencias Ambientales de la UPR, Recinto de Río Piedras, y al Dr. Rafael Méndez Tejera, de la UPR, Recinto de Carolina.
El grupo recomienda al Gobernador a “no aprobar el P.S. 1621, ya que el mismo establece un precedente negativo privatizando bienes de dominio público exclusivamente en el sector de La Parguera». (foto por Ricardo Mangual, Creative Commons Flickr – https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
Otros destacados expertos incluyen a la geóloga Christa von Hillebrandt-Andrade, el geomorfólogo, Dr. José Molinelli Freytes, la Dra. Elvira Cuevas, Directora del Centro de Ecología Aplicada y Conservación de la UPR, la ecóloga Dra. Elvia Meléndez Ackerman, del Departamento de Ciencias Ambientales de la UPR, el Dr. Miguel Canals Silander, Director del Laboratorio de Ingeniería Oceánica de la UPR en Mayagüez, el Dr. Robert J. Mayer, Director del Centro de Conservación y Restauración Ecológica Costera de la UPR, Recinto de Aguadilla y los doctores Edwin Hernández, Vance Vicente, Richard S. Appledoorn y Fernando Gilbes Santaella; estos ultimos conocidos mundialmente por sus investigaciones sobre manejo de recursos marinos costeros en el trópico.
La Parguera ha sido reconocida por décadas como un área de extraordinario valor ecológico, tanto por agencias federales y estatales, y entidades dedicadas a la investigación. El área ha sido objeto de múltiples estudios científicos realizados por expertos internacionales en temas sobre los ecosistemas marinos tropicales, siendo sede del Laboratorio de Investigaciones del Departamento de Ciencias Marinas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, ubicado en la Isla Magueyes, en La Parguera.
Los manglares de la zona forman parte del Bosque Estatal de Boquerón desde el año 1918, fecha en que fueron declarados como bosque insular mediante proclama del entonces Gobernador Arthur C. Yeager. Sus aguas y manglares fueron designados como reserva natural y como parte del Área de Planificación Especial del Suroeste, Sector La Parguera, a principios de la década de 1980, en virtud del Programa de Manejo de la Zona Costanera de Puerto Rico. Este programa es administrado por el DRNA, la Junta de Planificación, y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).
Los juristas en derecho alertaron que de aprobarse esta legislación, se establecería “un precedente fatal para el País, para nuestro patrimonio público y para nuestro estado de derecho. (foto por Arturo Donate, Creative Commons Flickr – https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
Juristas y académicos en derecho rechazan privatización del litoral costero
De igual forma, más de medio centenar de profesores pertenecientes a las tres escuelas de derecho en Puerto Rico solicitaron al Gobernador vetar el proyecto.
En carta suscrita por miembros de la facultad de derecho de la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Interamericana de Puerto Rico y la Pontifica Universidad Católica de Puerto Rico, estos alertaron que de aprobarse esta legislación, se establecería “un precedente fatal para el País, para nuestro patrimonio público y para nuestro estado de derecho”, conformándose a la vez “una tendencia irreversible de privatización de áreas públicas, de eliminación del acceso a los bienes de uso público y de la pérdida irreversible de nuestras costas”.
Los juristas y académicos señalaron que “La Parguera siempre ha sido un ejemplo en Puerto Rico de cómo nuestro “estado de derecho” falla y cómo se va socavando la legitimidad de nuestras instituciones jurídicas. Es de conocimiento público, que en diferentes momentos personas con vínculos institucionales han poseído propiedades ilegales allí. Lejos de condonar ese trato preferencial, lo que corresponde es que nuestras Ramas de Gobierno den el ejemplo y no usen la ley para refrendarlo. Con ejemplos como este, el público y la ciudadanía en general, continúan perdiendo la fe en sus instituciones y en la aplicación del Derecho. La legalización de tal privilegio, sería contraproducente no solo porque permite un daño irreversible a un área natural y al disfrute de los bienes de dominio público, sino también –y quizás más importante- porque sería un golpe más a nuestro frágil “estado de derecho”.
La Parguera ha sido reconocida por décadas como un área de extraordinario valor ecológico, tanto por agencias federales y estatales, y entidades dedicadas a la investigación. (foto por Ricardo Mangual, Creative Commons Flickr – https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
La firma de este proyecto de ley, añadieron, se “colocaría como un ejemplo más –o, si se quiere, la culminación- de cómo selectivamente se intenta legalizar lo que por décadas se ha debido sanear y subsanar reivindicando el interés público. En otras palabras, se utiliza perversamente la ley para privilegiar y condonar lo ilegal en detrimento del patrimonio común y en beneficio de unos pocos”.
Ante tal precedente, los expertos en derecho solicitaron al Gobernador que vete el P. del S. 1621 manteniéndose así “firme en la defensa de nuestro patrimonio público y común”. La carta fue entregada personalmente al Gobernador por los licenciados Erika Fontanez, María L. Jiménez, Belén Guerrero Calderón, Michel Godreau Robles y Pedro Saadé Llorens, todos profesores de la Escuela de Derecho de la UPR.
(La foto destacada en el carrusel (slider) y arriba en esta nota es de Ricardo Mangual, Creative Commons Flickr – https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/.)
