El nuevo reglamento reduciría el tiempo de notificación para una vista pública relacionada a un proyecto de construcción. (Foto por Glenda Rosado)

La Asociación Nacional de Derecho Ambiental, Inc. (ANDA) presentó el pasado 18 de octubre de 2010 sus comentarios al último borrador del Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos, el cual dispondrá de los procedimientos bajo el nuevo sistema integral de permisos del gobierno. ANDA advirtió a la Junta de Planificación (JP) que el nuevo borrador tiene serias deficiencias y busca limitar aún más los espacios de participación ciudadana en la concesión de permisos.

De entrada, y en una medida sin precedentes en nuestro País, el borrador ahora dispone que varias solicitudes de permisos podrán quedar aprobadas por el mero transcurso del tiempo, independientemente de que algún funcionario se hubiese expresado sobre ellos. En otras palabras, según el Reglamento, ahora se podrán conseguir estos permisos sin que nadie los valide y, como nunca habrá una notificación de la agencia, tampoco habrá posibilidad de revisión. Según el licenciado Luis José Torres Asencio, miembro de ANDA, “ello no sólo es incompatible con la misma Ley de Permisos, sino que también representa una abdicación total de la responsabilidad por velar rigurosamente por el fiel cumplimiento de la política pública ambiental constitucional, así como de las leyes y reglamentos ambientales aplicables a dichas solicitudes”.

Por otra parte, lejos de responder a los comentarios de varias personas y entidades, como ANDA, que reclamaban una ampliación de los derechos de participación ciudadana y acceso a la información incluidos en el borrador anterior del Reglamento, la JP ha decidido cerrar un poco más las puertas a las comunidades y organizaciones ambientales al, entre otras cosas, reducir los términos de notificación de vistas públicas de 30 días a 15 días y en ciertos casos incluso a 5. Entendemos que “un término de 15 días no es suficiente para que una persona o comunidad haga la investigación necesaria, tenga acceso a los documentos pertinentes y se prepare para presentar su posición al respecto. El dar términos cortos y atropellados a la ciudadanía para su participación en los procesos administrativos hace de estas vistas unas pro-forma y, por lo tanto, tiene el efecto de negarle el derecho a la ciudadanía de fiscalizar y evaluar la razonabilidad de la gestión a autorizarse”, afirmó la licenciada Eva L. Prados Rodríguez, también integrante de la organización.

ANDA también señaló que la inclusión de una nueva regla para incluir procedimientos para evaluar proyectos de energía bajo la nueva Orden Ejecutiva del Gobernador es improcedente, dado que dicha Orden Ejecutiva va a perder su vigencia en enero del próximo año. Además, se criticó que el reglamento siga transfiriendo a la Oficina de Gerencia de Permisos la facultad para emitir permisos sobre extracción de material de corteza terrestre, cuando la Ley de Permisos nada dispone sobre dicha función, actualmente realizada por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. “Aunque se han corregido algunas de las deficiencias que tenía el borrador original, en temas relacionados a la participación ciudadana y a la responsabilidad del Gobierno de evaluar adecuadamente las solicitudes de permisos que le son presentadas, el borrador final representa un retroceso y una visión hace muchos años superada, de que la protección del ambiente y la participación del pueblo en la toma de decisiones sobre proyectos que le afectan considerablemente, están subordinados a un supuesto ‘derecho’ a construir, sin importar sus consecuencias. Si este borrador se aprueba, no será posible establecer un balance entre todos estos intereses, como requiere nuestra Constitución”, concluyó la licenciada Verónica González Rodríguez, Directora de Programas de ANDA .

El documento completo con los comentarios de ANDA está disponible en www.blog.andapr.org.