El doctor en ingeniería eléctrica, Efraín O’Neill, presentó las cuatro áreas estratégicas del plan energético. (suministrada)

El primer conversatorio dirigido hacia una política pública nacional que persiga autonomía energética inició el pasado viernes, 22 de marzo en Casa Pueblo de Adjuntas con la participación de representantes del sector privado, comunitario, académico del país, gobierno y hasta residentes de Nueva York, vía redes sociales.

Como parte de los trabajos, el doctor en ingeniería eléctrica Efraín O’Neill presentó las cuatro áreas estratégicas del plan energético que incluyen una cultura de conservación y eficiencia, autonomía energética a través de la industria de energía local, transportación y combustibles alternos y reforma del servicio eléctrico con un nuevo mandato a la AEE. O’Neill, principal asesor del gobernador en asuntos energéticos, afirmó que “como gobierno esperamos trazar acciones por agencias, órdenes ejecutivas y legislación. Queremos dar espacio efectivo a la autogestión y proyectos comunitarios, para lograr una política energética nacional de consenso”.

“Esta etapa permite la inserción ciudadana temprano en el proceso, antes de que se conceptualicen las acciones a seguir. Esto es un foro abierto para un proceso de planificación participativa trascendiendo la práctica de un sector tratando de convencer a otro. En ese sentido, el ambiente adversativo que usualmente existe en las vistas públicas es superado a través del constante diálogo entre sectores (aunque luego se sigan los procesos administrativos que apliquen)”, añadió el también catedrático universitario.

Dentro de los acuerdos alcanzados en Casa Pueblo, el portavoz de dicha organización Arturo Massol Deyá, afirmó que “de un foro abierto y participativo, el conversatorio se transformó en una asamblea donde pudimos alcanzar acuerdos por unanimidad incluyendo con múltiples representantes de la industria y el comercio. La agenda energética no está por encima de la agenda agrícola ni del agua, ni de los bosques y nuestra gente, esto requiere planificación del uso de los espacios y dirección participativa hacia alternativas viables y seguras. El consenso alcanzado incluye proteger nuestras tierras agrícolas y nuestros bosques productores de agua mientras potenciamos que la infraestructura del país pueda integrar fuentes de energía renovable de la manera correcta en los lugares correctos”.

“Un rotundo rechazo a la incineración retumbó en el salón. Por consenso se acordó que la incineración provoca más problemas que soluciones por lo que no es una alternativa energética”, continuó Massol resumiendo la importancia de la discusión en el foro energético.

“Estamos de acuerdo de que la dependencia del petróleo no es buena, ¿entonces qué? Para lograr un impacto positivo sobre el desarrollo del país, tiene que fortalecerse una cultura energética de eficiencia en el uso de la energía y donde la generación distribuida permita que los beneficios de esta transición se alleguen a las personas directamente y no a compañías que centralizan la generación manteniendo el mismo panorama tarifario”.

Mónica Pérez, desde Nueva York, dijo que “me parece importante descentralizar las fuentes de energía lo más posible ayudando a dueños de casas y edificios a generar energía en vez de tener que depender de servicios privados” y cuestionó, “¿de qué manera podemos balancear la necesidad de nuestros emprendedores que quieren vender energía limpia y nuestros compueblanos que quieren ser autosuficientes en energía?”

Sin embargo, Luis Rodríguez, de la comunidad de Portugués, se mostró preocupado. “No confío, está bien en cierto sentido, pero nuestra experiencia es que el gobierno viene por ahí diciendo una cosa para mejorar su imagen y luego no cumplen”, dijo Rodríguez al tiempo que recordaba al gobierno anterior que trató de forzar un gasoducto por su comunidad.

“Don Luis tiene razón, estamos aquí porque coincidimos en atender el tema energético, pero si el gobierno no respeta los acuerdos de consenso, entonces estarán comprometiendo el éxito de una buena iniciativa”, añadió Massol en tono cauteloso. “Ante el reto como pueblo, trabajamos para reconciliar posiciones y llegar a acuerdos favorables para todos los sectores del país, por el desarrollo sustentable de nuestra isla, y hoy probamos que es posible armonizar las visiones”, concluyó el representante de Casa Pueblo.

Los 10 acuerdos –por unanimidad– alcanzados en Casa Pueblo de Adjuntas 

1.  Incentivar una cultura de conservación energética incluyendo su promoción a través de tarifas preferenciales.

2. Fortalecer la industria energética local.

3.  Sí al sol y al viento, pero no en tierras de alto valor ecológico y de valor agrícola. La agenda energética tiene que integrarse al Plan de Uso de Terrenos. Se ordena que la industria energética local pacte acuerdos para utilizar la superficie de edificios públicos como escuelas, cooperativas energéticas con urbanizaciones u otros espacios ya impactados. Que se prohíba a la Autoridad de Tierras a ceder su tierras agrícolas para proyectos incompatibles con la agricultura.

5.  El gas natural podría ser una opción de transición siempre y cuando las fuentes de extracción no provengan de “fracking” y que la infraestructura necesaria no atente contra la salud y seguridad de la gente. Tampoco acciones que comprometan los bosques, cuerpos de agua ni terrenos agrícolas ni alternativas que atrasen la transición a fuentes renovables.

6.  No a la incineración como alternativa para atender la crisis energética. Queda descartada como una opción de futuro.

7.  Que la toma de decisiones sobre el tema energético cuente con amplio participación de todos los sectores, sea transparente sin atropellos ni imposiciones de sectores sobre las comunidades afectadas. Una propuesta a considerar es la creación de un Instituto de Gobernanza a Nivel de La Fortaleza.

9.  Integración de códigos de ética y valores para el desarrollo de Plan de Energético.

10.  Se recomienda para el próximo conversatorio participación de la AEE y otros sectores de gobierno para escuchar, acoger y respetar las acuerdos de consenso. Ante la crisis económica y la vulnerabilidad energética del país, se aprobó una resolución que exige prioridad y asignación de recursos necesarios para que la nueva política pública energética se desarrolle con carácter de urgencia.