La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) autorizó la extracción y movimiento de terreno en el Corredor Ecológico del Noreste (CEN para ser utilizado en el relleno de un área contigua a una quebrada que desemboca en el Balneario de Seven Seas, en Fajardo, afectando este cuerpo de agua junto al resto de esta importante área natural, anunciaron representantes de Iniciativa para un Desarrollo Sustentable (IDS) y del Sierra Club de Puerto Rico.
Acorde al comunicado de prensa, los permisos fueron otorgados en violación al Plan y Reglamento Especial de la Gran Reserva del Noreste y a la Ley de la Gran Reserva Natural del Corredor Ecológico del Noreste, esta última aprobada en junio pasado, y que establece como política pública la preservación, conservación y restauración del CEN.
“Es bochornoso que el gobierno haya otorgado estos permisos, tras años de discusión pública sobre el valor y la importancia de conservar el Corredor. Ante esto, reclamamos al Gobernador Luis Fortuño a que intervenga directa e inmediatamente para hacer cumplir la ley, ordenando la paralización de los trabajos, revocando los permisos y exigiendo la restauración de las áreas impactadas”, denunció Carmen Guerrero Pérez, planificadora y especialista en turismo sostenible de IDS, organización afiliada a la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste.
Indicaron que el primer permiso, emitido el 31 de julio pasado, autorizó, a modo de una cantera, la extracción de 1,500 metros cúbicos de terreno en el CEN. Éste fue otorgado a Colonial Parking, Inc., cuyo presidente, Miguel A. Cabral Veras, fue uno de los empresarios implicados en el esquema de donaciones por el cual el ex senador Jorge De Castro Font resultó convicto por las autoridades federales.
El segundo permiso fue otorgado al Municipio de Fajardo el 17 de mayo de 2012, para un proyecto recreativo bajo el nombre de Seven Seas Water Park. Los usos del terreno establecidos por la Junta de Planificación para el predio donde comenzaron a construir las obras no permiten dicho proyecto, ya que está zonificado o calificado como un distrito de conservación de recursos (CR).
Guerrero Pérez añadió que “el Plan y Reglamento Especial de la Gran Reserva del Noreste exige que toda construcción mantenga un retiro mínimo de 164 pies (50 m) desde el borde exterior de todo cuerpo de agua en áreas calificadas como CR, lo que están violando, ya que han dragado la quebrada y rellenado a su vez sus bancos con el terreno que sacaron del CEN.”
Camilla Feibelman, planificadora y coordinadora del Sierra Club, Capítulo de Puerto Rico, señaló por su parte que la Coalición “lleva meses solicitando una reconsideración al Tribunal Supremo de Puerto Rico para que restituya una moratoria en permisos y endosos de construcción en el CEN con el fin de evitar precisamente este tipo de situación y evitar el daño irreparable que está ocurriendo ahora en toda esta zona. Es decir, la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo tienen en sus manos la oportunidad de proteger el CEN”.
La moratoria en permisos de construcción en el CEN fue emitida originalmente por el Tribunal Apelativo y a solicitud de la Coalición, para evitar que se convierta en académica la demanda presentada por estos últimos impugnando el nuevo plan de usos de terrenos aprobado por la administración Fortuño para el Corredor y terrenos en la falda de El Yunque, el cual permite la urbanización de más de 450 cuerdas protegidas previamente como reserva natural.
La moratoria fue dejada sin efecto en enero pasado por la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo ante el pedido del Departamento de Justicia, tras lo cual los miembros de la Coalición solicitaron una reconsideración que todavía se encuentra a espera de una decisión.
Cabe destacar que el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, el Obispo de la Diócesis de Fajardo-Humacao, Monseñor Eusebio Ramos Morales y el Pastor General de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, Reverendo Edward Rivera Santiago, presentaron por separado varias mociones de “amigos de la corte” en el Tribunal Supremo, uniéndose al reclamo de la Coalición para que se restituya la moratoria.