Varios residentes de Loíza denunciaron alegadas irregularidades del Gobierno referente a la expropiación de los terrenos donde hace varios años se proponía el proyecto Costa Serena. (fotos suministradas)

Residentes de la comunidad centenaria de Piñones y miembros de la Coalición Piñones-Loíza denunciaron una serie de irregularidades en el proceso de expropiación de los terrenos donde se proponía el proyecto Costa Serena en Piñones.

“Nuestra comunidad vuelve a levantarse en lucha ante la indignación y suspicacia que levantan las recientes acciones del Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Daniel Galán Kerkadó, y de la administración de Luis Fortuño al prestarse a inflar el valor de estos terrenos para entonces proceder a desistir del proceso de expropiación y devolverle los terrenos a la familia Katz”, expresó Milagros Quiñones, Portavoz de la Coalición Piñones-Loíza.

Los miembros de la Coalición hicieron un breve trasfondo y recuento del proceso de expropiación de las más de 1,345 cuerdas de terrenos en el sector de Monte Grande en Piñones de la firma PFZ Properties de la famiia Katz.

“El Secretario del DRNA lleva indicando que su agencia decidió desistir de la expropiación porque no puede pagar el nuevo valor de los terrenos. Pero hay que preguntarle al Secretario por qué el se prestó a este proceso innecesario de re-valorizar e inflar el valor de estos terrenos cuando su agencia ya contaba con tres tasaciones independientes efectuadas entre el 2007 y el 2008 que establecían que el gobierno debería pagar en promedio unos $4.9 millones. Por esta razón, emplazamos al Secretario Daniel Galán Kerkadó a que haga públicas sus nuevas tasaciones para conocer las comparables, las presunciones y los criterios que se utilizaron para inflar el valor de estos terrenos en contra del derecho”, sentenció la planificadora Carmen R. Guerrero Pérez, asesora ambiental de la Coalición.

Ésta también añadió: “Todo este proceso ha estado plagado de secretividad [secretismo] e irregularidades y nosotros buscamos la transparencia. Por esta razón, estaremos presentado un escrito de amigo de la corte ante el Tribunal de Primera Instancia para asegurar que se defiende el interés público en esta transacción ya que el DRNA tan sólo está defendiendo los intereses de la familia Katz”.

La Coalición hizo hincapié que aquí quien pierde es el pueblo de Puerto Rico. De una, se pierde de la posibilidad de proteger a los residentes de Piñones del desplazamiento comunitario que siempre han representado los proyectos de la familia Katz y se pierde la oportunidad de conservar miles de cuerdas del bosque de mangle más grande de todo Puerto Rico. Segundo, aunque el proyecto Costa Serena no tenía probabilidad de ser construido, ya que era contrario a ley, con la nueva tasación los terrenos se valoran como desarrollables y ahora el Estado tendrá que compensar a los Katz por daños y prejuicios.

“Hay que preguntarle al gobierno, ¿quién le paga los daños a Piñones y a Loíza por las presiones, los atropellos y el menosprecio de la familia Katz y del Estado hacia nuestra comunidad? Esta administración ha tenido una gran deferencia y pleitesía con los ricos y corruptos confesos. Si para Adolfina Villanueva no hubo una justa compensación, para Joel Katz no va haber una jugosa compensación”, resaltó Maricruz Rivera Clemente, Directora Ejecutiva de la Corporación Piñones Se Integra (COPI) mientras describía los impactos socioeconómicos negativos que han dejado las decenas de nuevos proyectos residenciales al este del Municipio de Loíza.

Hoy se supone que el DRNA presente ante el Tribunal de Primera Instancia una moción para desistir de la expropiación. “Emplazamos al Secretario y al Gobernador Luis Fortuño a que sostengan la oferta de expropiación de los $4.9 millones de dólares, ni un sólo centavo más”, añadió Maricruz Rivera Clemente.

Yolanda Pizarro, residente del sector Monte Grande de Piñones, quien defendió su título de propiedad ante los intentos de desahucio de la familia Katz, expresó: “Le advertimos a los Katz que si antes eramos muchos, ahora somos muchos más. Les exhortamos a que acepten la justa compensación de $4.9 millones para estos terrenos determinada por tres tasaciones distintas, incluyendo la del tasador contratado por ellos mismos en el año 2007. Si luchamos contra sus proyectos por más de 40 años, estamos listos para luchar por 40 años más”.

La Coalición también resaltó que la legalidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Costa Serena todavía está bajo la consideración del Tribunal Supremo de Puerto Rico. El caso, el cual trata de algo estrictamente procesal, está sometido en el Tribunal Supremo desde el 2008 y todavía, cuastro años después, se está esperando la resolución. “Nos preocupa que el caso todavía no ha muerto ante los tribunales y así se puedan revivir los permisos otorgados en el pasado al proyecto Costa Serena. Esta preocupación aumenta cuando reconocemos que el Comisionado Residente Pedro Pierluisi fue uno de los principales asesores legales del proyecto Costa Seren en la década del 2000”, concluyó Carmen Guerrero.

Maricruz Rivera Clemente, Directora Ejecutiva de la Corporación Piñones Se Integra, emplazó al Gobierno a sostener la oferta de expropiación de 4.9 millones para la compra de los terrenos.